La Consejería de Educación y Deporte ha decidido suprimir la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, un sangrante ejemplo de la administración paralela andaluza que, desde su creación en 2009, ha supuesto el despilfarro de millones de euros sin ningún resultado que justificase mínimamente su existencia. Sin ahondar más, cabe indicar que el sueldo de la gerente está en torno a los 75000 euros anuales. Un verdadero despropósito que, tal como USTEA reclamaba desde su creación, ahora llega a su fin.

Por otra parte, si atendemos a las declaraciones del ejecutivo andaluz, las tareas de esta agencia pasarán a los servicios de Inspección Educativa, de donde nunca debieron salir, por lo que resulta oportuno recordar, ya sea resumidamente, nuestras demandas y propuestas de mejora respecto a la Inspección Educativa:

• El sistema educativo público andaluz necesita una inspección al servicio de la comunidad educativa, comprometido con la realidad de los centros, que contemple prioritariamente el contexto socioeconómico y que no centre su labor en los aspectos burocráticos.
• Una inspección al servicio del profesorado, que apoye en las múltiples situaciones problemáticas que se dan en día a día en nuestros centros.
• Una inspección que dependa directamente del Parlamento, que pueda trabajar sin presiones políticas y que forme parte de las soluciones que demanda el sistema educativo andaluz.
• Una inspección que vele por que el alumnado reciba la mejor atención posible, garantizando que las enseñanzas se impartan por el profesorado especialista correspondiente y en los espacios adecuados.

Emplazamos a la Consejería de Educación y Deporte, y en concreto a su Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, a establecer las vías de diálogo pertinentes para debatir estas cuestiones.

Por último, ante la intención de la Consejería de continuar celebrando las pruebas de diagnóstico, USTEA manifiesta su oposición a cualquier tipo de prueba externa que cuestione la profesionalidad del profesorado y su objetividad evaluadora, unas pruebas que rompen el proceso de aprendizaje al dedicar varios días a la preparación de éstas. Porque este tipo de pruebas, en el fondo, están al servicio de los intereses de un mercado laboral que quiere que nuestro alumnado aprenda lo imprescindible para ser mano de obra precaria y dócil.

Andalucía, 20 de febrero de 2019.

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